Especialistas en Ley de Segunda Oportunidad

En CIVIUM ABOGADOS apostamos por las segundas oportunidades, por ello como despacho profesional especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, explicamos como funciona y como obtener la cancelación de tus deudas.

El objetivo y espíritu de esta, consiste en amparar y otorgar protección a las personas físicas que se han visto lastradas por un fracaso, bien empresarial, bien personal, y padecen una situación de sobreendeudamiento que fruto de la misma no pueden siquiera operar en el tráfico jurídico ordinario.

Explicada paso a paso:

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¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal al que pueden recurrir las personas físicas, tanto particulares como autónomos, que no puedan pagar las deudas contraídas. También podrán optar por la Ley de Segunda Oportunidad, las empresas con una estructura simple tal y como y son las pymes o empresarios individuales, es decir podrán acogerse a la Ley aquellas pymes que no sean consideradas personas jurídicas, siempre y cuando tengan menos de 50 trabajadores y una deuda inferior a los 5 millones de euros.

¿Qué beneficios conseguimos con la Ley de Segunda Oportunidad?

Desde la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos, se paralizarán tanto las ejecuciones y embargos, como el devengo de intereses.

Una vez finalizado el procedimiento conseguiremos o bien una refinanciación de la deuda, mediante la asunción de cómodos plazos de pago, o bien mediante la eliminación de las deudas pendientes conforme a la Ley de Segunda oportunidad.

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Después de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de julio de 2019, queda claro que el deudor puede incluir las deudas públicas en el plan de pagos a cinco años.

Después de esos cinco años las deudas que no se hayan podido pagar pueden ser canceladas.

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Antes hacienda hacia y deshacía, pero el Tribunal Supremo dictó que las deudas con Hacienda son también competencia del Juez.

Además de eliminar recargos y sanciones, el Juez puede dictar un plan de pagos de acuerdo a tus ingresos y gastos a cinco años.

Nuestro Sistema de Trabajo

El procedimiento es fundamentalmente idéntico en el caso de particulares y autónomos, siendo la principal diferencia que en el caso de los particulares debe iniciarse el proceso ante un notario, mientras que para autónomos se iniciara en el Registro Mercantil o Cámara de Comercio correspondiente.

Consta de dos fases:

A) EXTRAJUDICIAL, en la que, con ayuda de un mediador concursal, se intenta alcanzar un acuerdo con los acreedores, que pase por la reestructuración de la deuda con aplicación de quitas (eliminas parte de la deuda) y ofreces un plan de pagos aplazados adaptado a tus posibilidades.
B) JUDICIAL, si el acuerdo extrajudicial de pagos es rechazado por los acreedores, solicitaremos el concurso consecutivo, y previa liquidación del patrimonio del deudor, excluyendo la vivienda familiar cuando proceda, (siempre que se trate de la vivienda habitual, esté hipotecada y su valor de mercado sea inferior o similar al capital pendiente del préstamo hipotecario y estar al corriente en el pago de las cuotas hipotecarias mensuales), accederemos al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), es decir, conseguiremos la cancelación de sus deudas.

Requistos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad tiene en cuenta el historial crediticio del deudor insolvente. No se trata de un instrumento legal que permita librarse de los pagos, sino de un auxilio a quien ha demostrado ser buen pagador, pero atraviesa una grave situación económica.

Por ello el deudor debe cumplir una serie de requisitos, para acreditar que se trata de un deudor que ha actuado de buena fe.

Entre los requisitos exigidos al deudor para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, destacan los siguientes:

No haber sido beneficiario de la Ley de Segunda Oportunidad en los diez años anteriores.
No haber sido condenado por falsedad documental, delitos contra el orden socioeconómico, contra el patrimonio, contra Hacienda o Seguridad Social, o bien contra los empleados.
El deudor no puede haber rechazado ofertas de empleo que se consideren adecuadas a su capacidad, si bien no existen requisitos para poder valorar objetivamente estas ofertas de empleo.

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